En virtud de esta norma, los planes de fomento de la lectura y los programas de apoyo a la industria del libro deberán tener en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad.

 

Ello se traduce en la promoción, difusión y normalización de formatos y métodos accesibles, como los soportes en alfabeto braille, los soportes sonoros, los soportes digitales o los sistemas de lectura fácil. Así lo establece la disposición adicional tercera del proyecto de ley, que ha sido incorporada al texto legal después de una propuesta de enmienda presentada por el CERMI. Además, las Administraciones Públicas deberán promover el acceso de las personas con discapacidad a la lectura, al libro, y a las bibliotecas, velando además por un uso regular, normalizado y sin discriminaciones de estos servicios, bienes y productos culturales.

 

De igual modo, obliga al Ministerio de Cultura y a las demás Administraciones Públicas a suscribir convenios de colaboración con las entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro, del sector de la discapacidad.